Al tiempo que se intensifican las medidas federales contra la inmigración en todo el país, la respuesta local se ha ampliado rápidamente en toda la región de Pittsburgh. En Beechview, la organización sin ánimo de lucro Casa San José ha creado una Red de Respuesta Rápida formada por voluntarios capacitados que vigilan y documentan las actividades del ICE en todo el condado de Allegheny y más allá.
ICE, immigration and local response
Reporting on the reach and impact of immigration enforcement in Pittsburgh and across Southwestern Pennsylvania.
La red comenzó a funcionar durante la primera administración Trump, pero ha incrementado sus actividades desde enero. Al 30 de julio, cuenta con más de 250 voluntarios capacitados y casi 175 personas inscritas para recibir entrenamiento entrenar en el futuro.
Fundada en 2013, el trabajo de Casa San José se centra en defensa de los derechos de los inmigrantes y la comunidad latina de la región de Pittsburgh, una misión que se ha ampliado a medida que la administración Trump reduce las protecciones para los inmigrantes y destina recursos federales a la represión y las deportaciones masivas.
Los organizadores recorren los barrios de la ciudad, se reúnen en sótanos de iglesias y aparcamientos vacíos, y educan a los residentes sobre sus derechos y las tácticas de los agentes federales de inmigración. Junto con voluntarios capacitados, preparados para observar, documentar y acompañar legalmente a las personas en riesgo de ser detenidas por el ICE, responden en tiempo real a avistamientos, arrestos y redadas.
Public Source de Pittsburgh siguió durante más de un mes a los organizadores y voluntarios de Casa San José, desde juzgados hasta restaurantes, mientras respondían a los operativos de inmigración y apoyaban a las familias amenazadas.
3:47 p. m. del 14 de junio en el edificio municipal, en el centro de la ciudad.
“Están desapareciendo a nuestra gente. Esta es nuestra realidad. Todos los días. El hecho de que no lo veas no significa que no esté sucediendo. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra en nuestras comunidades,” dijo la directora ejecutiva de Casa San José, Mónica Ruiz.
“Casa San José es la única organización en esta partedel estado que está haciendo este tipo de trabajo.”
Ruiz dijo que ha recibido cinco amenazas de muerte desde noviembre, lo que la obligó a trasladar la oficina de Casa San José y a reconsiderar la posibilidad de hablar en público.
11:02 p. m. del 17 de junio en el restaurante mexicano Emiliano’s, Gibsonia
Sharon Bonavoglia fue la primera en llegar a un tranquilo centro comercial en Gibsonia a última hora del 17 de junio. Vice cerca y había recibido la llamada porque es parte de una red mayor de voluntarios que responden a las denuncias de redadas federales de inmigración en el condado de Allegheny y sus alrededores.
La profesora jubilada de 67 años de McCandless describió los tres coches sin distintivos y con las ventanillas tintadas que había en el aparcamiento. Uno, un Chevrolet Tahoe negro, estaba aparcado en el muelle de carga, con el motor encendido. Un SUV blanco estaba parado al lado y un Dodge Charger negro delante. Dentro había hombres con chalecos tácticos.
Pronto llegaron más voluntarios, ocho en total, residentes de Ross, Sewickley, Cranberry y McCandless.
Los voluntarios saludaron a los agentes, dos de los cuales salieron de su vehículo y se identificaron como miembros del FBI.
Entonces llegaron los periodistas y, cuando el camarógrafo de KDKA comenzó a filmar los coches, los agentes se marcharon.
“El hielo se derrite con la luz del sol, ¿no es eso lo que dicen?” comentó Jaime Martínez.
Dentro del restaurante Emiliano’s, nueve trabajadores permanecían en silencio en una trastienda, con las luces apagadas y las puertas cerradas con llave. Algunos voluntarios salieron a buscar a los agentes en los alrededores. Martínez caminaba de un lado a otro por el aparcamiento mojado, hablando con los trabajadores por eléfono móvil. “Tenemos a ocho personas aquí para acompañarlos a casa,” les dijo en español. Un rato después, le enviaron un mensaje a Martínez: “Tenemos miedo y no queremos arriesgarnos,” y votaron entre ellos quedarse a pasar la noche dentro del restaurante.
Se han recibido múltiples denuncias en todo Estados Unidos de agentes que detienen a personas con visas válidas y, en algunos casos, a ciudadanos estadounidenses, y que deportan a personas sin el debido proceso. Entre el 20 de enero y finales de junio, el ICE detuvo a 111.590 personas en todo el país, 447 de las cuales fueron arrestadas en el área de Pittsburgh, según datos del ICE.
“Esto es terrible. Estoy muy enfadada,” dijo Bonavoglia, con la voz quebrada.
12:11 p. m. del 25 de junio en Tepache Mexican Kitchen and Bar, Mars
5:34 p. m. del 26 de junio en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el lado sur
5:53 p.m. 29 de junio en Trace Brewing, Bloomfield
12:39 p. m. del 30 de junio en Carnegie
Brittany González recibió una llamada a cobro revertido y la aceptó rápidamente. Era Macario, su marido y padre de sus hijos. Llegó a Estados Unidos desde Guatemala en 2009. Los agentes del ICE lo detuvieron y le ataron las manos con bridas de plástico en el negocio de arreglos de la familia en Carnegie el 20 de mayo, el día de su cumpleaños y de su noveno aniversario de matrimonio. Desde entonces, Macario permanece detenido por el ICE en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, sin fianza y con una apelación pendiente.
El cuidado de los niños y el negocio han recaído sobre Brittany.
“Mi hijo menor estaba muy triste… vino a verme unos días antes de su cumpleaños”, dijo Macario. “Me dijo: ‘Quiero que estés en mi cumpleaños’. Pero no voy a estar allí. No sé cómo responderle a esa pregunta, porque sé que no puedo estar allí. Va a decir que soy un mentiroso…
Ayer vino mi mujer con mi hijo pequeño, de 20 meses. Lloraba cuando se marchó. Quiere abrazarme, pero no nos dejan… No puedo abrazarlo ni hablar con él cara a cara. Hay un cristal entre nosotros. Es un momento muy duro. Dos meses. Rezo. Rezo para que esto termine y pueda volver a estar con ellos”.
11:22 a. m. del 9 de julio en el Centro de Gobierno del Condado de Butler
“¿Por qué hacemos esto en el condado de Butler? Todo el mundo habla de ‘seguridad pública’. ¿Acaso no estamos seguros aquí por culpa de los inmigrantes indocumentados? No lo creo”, cuestionó Pauline Peluso durante una reunión pública de los comisionados del condado de Butler celebrada el 9 de julio. “Creo que me siento más insegura cuando veo a un hombre enmascarado que llega en un coche y se lleva a la gente de la calle a la fuerza. Eso me hace sentir insegura”.
Ninguno de los tres comisionados, de los cuales dos son republicanos, hicieron comentarios durante la reunión sobre la decisión del sheriff del condado de Butler de firmar un acuerdo de cooperación con el ICE. Entrevistados después de la reunión, los republicanos mantuvieron que la oficina del sheriff tiene competencia para decidir sobre el acuerdo, mientras el demócrata expresó su firme oposición.
En un correo electrónico enviado a un elector preocupado, la presidenta de la Comisión, Leslie Osche, republicana, sugirió que los sujetos de las redadas locales del ICE están vinculados a los cárteles de la droga mexicanos que “matan gente” y trafican con drogas. “¿Le gustaría que sus padres, hijos, hermanos o hermanas fueran torturados o asesinados? No lo creo”, escribió Osche.
1:22 p. m. del 10 de julio en Lawrenceville
11:05 a. m. del 11 de julio en la sede de Casa San José, Beechview
(Izquierda) Jaime Martínez se reúne con voluntarios en su oficina de Casa San José en Beechview. (Derecha) Mónica Ruiz, directora ejecutiva de Casa San José, se une a una reunión estratégica con Martínez y Guillermo Pérez, un voluntario que ayuda a gestionar el fondo de fianzas del grupo. El fondo apoya a las personas detenidas por las autoridades de inmigración cubriendo los gastos de las fianzas, que pueden ascender a miles de dólares. En julio, el ICE tomó medidas para restringir la fianza a quienes entraron ilegalmente en el país mientras sus casos están pendientes.
7:01 p. m. del 15 de julio en la Iglesia Presbiteriana de East Liberty
Bajo las agujas que se elevan sobre Highland Avenue, 54 personas llenaban la sala Good Samaritan, en el sótano de la Iglesia Presbiteriana de East Liberty. Filas de residentes, en su mayoría personas blancas y mayores de Pittsburgh y el condado de Allegheny, escuchaban con atención mientras Jaime Martínez hablaba, muchas tomaban notas.
“412-736-7167”, comenzó Martínez. “Este es el número de emergencia de Casa San José, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o la línea directa de vigilancia del ICE.
Si sospechan que el ICE está en su barrio, si sospechan que los ven en su trayecto matutino al trabajo, en su camino de vuelta a casa, llamen a este número. No lo duden. Queremos saberlo todo. Queremos que este teléfono no pare de sonar,”
“Pero, ¿cómo hemos llegado a esto?” preguntó, recordando la Convención Nacional Republicana de 2024 en Milwaukee, donde la multitud sostenía carteles rojos, blancos y azules para las cámaras de la televisión nacional en los que se leía “DEPORTACIONES MASIVAS AHORA”.
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Habló de la desinformación, las cámaras de eco y la oleada de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que “despojan sistemáticamente a las personas de su estatus legal”.
Señaló el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, con 170.000 millones de dólares para la aplicación de la ley de inmigración, 75.000 millones de los cuales se destinarán a ampliar el ICE: más agentes, más detenciones y un aumento de la capacidad de detención de 40.000 a 100.000 personas.
Los cambios en la política han reducido drásticamente el número de personas que pueden optar a la libertad bajo fianza, dijo, lo que deja a los inmigrantes indocumentados sin condenas por delitos violentos ni riesgo de fuga detenidos durante todo el proceso, separados de sus familias, a veces durante meses o años.
Los partidarios de estos cambios argumentan que son necesarios para hacer cumplir la ley de inmigración y disuadir la entrada ilegal. Consideran que estas medidas son fundamentales para restablecer el orden en la frontera y proteger la seguridad pública.
Martínez dijo a los presentes:
“Estamos siendo atacados por el ICE. Nuestras comunidades de inmigrantes están siendo atacadas sin piedad”.
Al final de la presentación, un hombre canoso levantó la mano: “¿Cómo podemos unirnos?”
1:58 p. m. del 22 de julio en el Tribunal Municipal de Pittsburgh, Uptown
Jaime Martínez estaba de pie frente al Tribunal Municipal de Pittsburgh en la Primera Avenida, hablando por un teléfono móvil. Al colgar, se dio la vuelta:
“Esta es la primicia”, dijo. Un abogado de inmigración había llamado a Martínez; su cliente necesitaba escolta. Se había informado de la presencia de ICE fuera del juzgado en menos de una hora. Martínez envió a un voluntario de respuesta.
“Vamos a estar atentos a los agentes de ICE. Y luego decidiremos qué hacer,” dijo Martínez. “Echaré un vistazo dentro y veré qué puedo encontrar.”
Martínez desapareció en la sala n.º 4, hablando con un defensor público que había llamado a la línea directa y dijo que al menos dos agentes del ICE habían estado en el edificio. Martínez compartió una descripción: camisa blanca y hombre calvo. Gorra de béisbol azul, camisa verde, pantalones caqui.
El defensor público dijo que dos agentes entraron en el edificio y entregaron una orden judicial a un ayudante del sheriff del condado de Allegheny.
Arriba, un hombre venezolano estaba sentado solo al final del pasillo, con zapatos negros brillantes y una camisa azul con cuello, metida por dentro.
Cuando Martínez salió de la sala, tenía un plan. El hombre, junto con un intérprete, una mujer venezolana y un hombre de Honduras, caminarían hacia la salida acompañados por Marisa Tobias, una voluntaria de la red de respuesta. Martínez los recogería allí en su coche. En situaciones en las que ICE se acerca durante un acompañamiento, los voluntarios están entrenados para mantener la calma, observar y documentar la interacción sin interferir físicamente.
El plan salió bien y Martínez dejó a sus pasajeros en un garaje cercano.
“No conozco el estatus migratorio de ninguna de estas personas”, dijo antes de marcharse. “No pregunto”.
12:10 p. m. del 24 de julio en el Tribunal Municipal de Pittsburgh, Uptown
Dos agentes federales se sentaron justo detrás de la seguridad, dentro de la entrada del Tribunal Municipal de Pittsburgh, en la Primera Avenida.
Los dos llevaban armas en la cadera y uno de ellos, canoso y con perilla, llevaba una carpeta azul llena de documentos. El otro, más joven, con un polo azul y gafas, llevaba una placa colgada de una cadena alrededor del cuello: Homeland Security Investigations (HSI), una división del ICE. Agente especial.
Los agentes estaban sentados con un sargento adjunto del sheriff del condado de Allegheny, hablando de manera informal. Un defensor público se dio cuenta y alertó a los voluntarios del juzgado en la segunda planta, y a un cliente que tenía previsto llegar con un intérprete, pero que nunca apareció.
Después de al menos 30 minutos, los agentes se levantaron, estrecharon la mano del sargento adjunto y abandonaron la sala. Cuando se les pidió que se identificaran, los agentes dijeron que eran de Seguridad Nacional, se subieron a un Chevrolet Blazer azul sin distintivos conducido por un tercer agente y se marcharon.
Fotografías de Quinn Glabicki.
Quinn Glabicki es reportero de medio ambiente y clima en Pittsburgh’s Public Source. Se le puede contactar en quinn@publicsource.org y en Instagram @quinnglabicki.
Este artículo ha sido traducido del inglés al español utilizando una herramienta de traducción basada en inteligencia artificial y revisado para garantizar su precisión y claridad por el reportero local Ladimir García y la editora asociada de Open Campus, Maye Primera.
Este artículo ha sido verificado por Femi Horrall.
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